La Ley de Emergencia Pública y de Reforma del Régimen Cambiario (25.561), sancionada el 6 de enero de 2002, declaró la emergencia pública en materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria. Específicamente entre las facultades determinadas se encuentra la de "Reglar la reestructuración de las obligaciones en curso de ejecución afectadas por el nuevo régimen cambiario instituido en el Artículo 2°". Esta declaración ha constituido la base de la delegación de poderes al Poder Ejecutivo en esta materia.

Adicionalmente en su Artículo 9° autoriza al Poder Ejecutivo a renegociar los contratos de prestación de servicios públicos, debiendo tomarse en consideración los siguientes criterios:

• el impacto de las tarifas en la competitividad de la economía y en la distribución de los ingresos

• la calidad de los servicios y los planes de inversión, cuando ellos estuviesen previstos contractualmente

• el interés de los usuarios y la accesibilidad de los servicios

• la seguridad de los sistemas comprendidos

• la rentabilidad de las empresas