Los objetivos generales de la política de financiamiento pueden definirse como: "administrar adecuadamente la deuda contraída y atender las necesidades de financiamiento del Estado en las mejores condiciones posibles". Este último propósito implica fundamentalmente el acceso a los mercados de capitales voluntarios via la reducción del riesgo país con la consecuente mejora de las condiciones y el perfil del endeudamiento público, como asi también la mejora de la capacidad y poder negociador de la Nación en su conjunto frente a sus acreedores y frente a las diferentes ofertas de financiamiento disponibles en los mercados de capitales externos e internos.
A los efectos de cumplir con los propósitos señalados se creó el órgano rector del sistema, denominado Oficina Nacional de Crédito Público, con responsabilidades en todas las fases del proceso de endeudamiento, desde la autorización para el inicio de las negociaciones hasta los pagos por servicios de la deuda contraída.
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