BUENOS AIRES,

AL HONORABLE CONGRESO DE LA NACION:

Tengo el agrado de dirigirme a Vuestra Honorabilidad con el objeto de someter a su consideración el Proyecto de Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio Fiscal del año 2002.

Es éste el tercer Proyecto que se remite al CONGRESO NACIONAL. El primero de ellos, enviado en el mes de setiembre de 2001, fue de carácter resumido y, por lo tanto, no fue tratado parlamentariamente. El segundo, elevado en diciembre de 2001, tampoco llegó a ser considerado dados los cambios institucionales y económicos producidos, solicitándose su devolución.

En el contexto de la delicada situación económica actual, el PODER EJECUTIVO que asumió el GOBIERNO NACIONAL por decisión de la ASAMBLEA LEGISLATIVA, a principios de 2002, entiende necesario dotar de realismo al Proyecto de Presupuesto y enfatizar la importancia de definir y poner en marcha una política fiscal adecuadamente compatibilizada con la política económica en ejecución.

Es por ello que se remite un nuevo proyecto. El mismo ha sido elaborado con arreglo a las bases de la Ley Nº 25.561 del 6 de enero de 2002, por la que se declaró la emergencia pública en materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria, en cuyo artículo primero se enuncia la necesidad de reactivar el funcionamiento de la economía, mejorar el nivel de empleo y de distribución de ingresos, con acento en un programa de desarrollo de las economías regionales, creando condiciones para el crecimiento económico sustentable y compatible con la reestructuración de la deuda externa.

Asimismo, el Proyecto de Presupuesto de la Administración Nacional refleja el contexto macroeconómico con la caída de la actividad de 2001 que continuará durante el 2002, sobre todo en su primera parte, y el aumento proyectado en el nivel general de precios que resulta previsible por la alteración de la paridad peso-dólar; la fuerte reducción de los ingresos públicos, particularmente tributarios, acontecida en 2001, que condiciona las estimaciones para 2002 influidas, obviamente, por la crisis económica; el recálculo del servicio de la deuda pública, dada la imposibilidad de atender la totalidad del mismo, y el impacto de la devaluación; la necesidad de realizar un gran esfuerzo de reducción de los gastos primarios, con recortes generales y proporcionales que mantengan disminuciones ya vigentes en 2001 de salarios, jubilaciones, gastos generales y transferencias a provincias y recortes específicos en línea con reformas estructurales, reducción del gasto político y burocrático y achicamiento de la organización estatal y medidas de emergencia. Ello sin perjuicio de prever la atención de un plan alimentario de emergencia, un nuevo plan de empleo y un programa de emergencia de medicamentos.

En consecuencia, el proyecto se enrola en una línea de búsqueda realista de solvencia fiscal sustentable y creible que garantice el logro de los objetivos de la acción del gobierno, esto es el crecimiento económico con justicia social.

A continuación y siguiendo el orden establecido en el "contenido" se consideran los siguientes aspectos: el contexto económico global y las proyecciones macroeconómicas; las estimaciones de recursos tributarios; el financiamiento y el servicio de la deuda pública; el gasto público nacional; las relaciones financieras con las provincias; el Presupuesto Nacional y el del Sector Público Nacional comparado, según su ordenamiento económico, con el del año anterior.

Dios guarde a VUESTRA HONORABILIDAD.

                                                           CONTENIDO

1.         EL CONTEXTO ECONÓMICO GLOBAL

1.1.      EVOLUCIÓN ECONÓMICA EN EL PERÍODO RECIENTE

El nuevo gobierno asume sus funciones en medio de una crisis política, económica y social sin precedentes en muchas décadas. Los tres objetivos básicos definidos por el nuevo gobierno son: "reconstruir la autoridad política e institucional, garantizar la paz social y sentar las bases para el cambio de modelo económico y social". En lo estrictamente económico se parte de una situación límite, con suspensión de pagos de las obligaciones domésticas e internacionales. El nuevo plan económico reconoce esta realidad e intenta hacerle frente, fundamentalmente a través de un sinceramiento de la economía, eliminando las trabas que impedían un correcto ajuste de los precios relativos, fruto de la imposibilidad de sostener la convertibilidad del peso una vez que se interrumpió el flujo de ingresos de capital externo.

A estas horas queda claro que el abandono de la convertibilidad no pudo hacerse sin enormes costos, fundamentalmente debido a la necesidad de adaptar las obligaciones contractuales que se habían pactado con las viejas reglas impuestas por la misma convertibilidad, a un nuevo entorno donde la volatilidad de los precios relativos va a ser inicialmente mayor. Como contrapartida, el gobierno ha recuperado los instrumentos de política económica, cambiaria y monetaria, y está realizando un enorme esfuerzo para reconstruir el andamiaje de la política fiscal, que se fue perdiendo a lo largo de los últimos meses.

Hacia fines del año 2001 la relación cambiaria nominal uno a uno con el dólar estadounidense se había deteriorado progresivamente y ya no era sostenible. El tipo de cambio real había empezado a retrasarse de manera creciente a partir de la entrada de la economía en la fase recesiva, hace ya casi más de tres años. En agosto de 1998 Rusia decidió un "default" parcial de su deuda y los efectos adversos de tal medida se desparramaron por el resto de las llamadas economías emergentes, afectando, en nuestra región, inicialmente a Brasil. A partir de entonces la economía argentina comenzó a recorrer un camino declinante. Con ello la productividad, especialmente la de los sectores productores de bienes transables internacionalmente se deterioró, y al mismo tiempo comenzó a menguar el ingreso neto de capitales externos al sector privado. Desde el último trimestre de 1999 esa entrada neta se convirtió en salida neta de capitales.

Estos fenómenos contribuyeron a deteriorar el tipo de cambio real. Hasta ese momento la paridad uno a uno con el dólar había sido relativamente sostenible gracias a los importantes aumentos en productividad que se registraban fundamentalmente en aquellos sectores productores de bienes transables, aumentos de productividad impulsados por el importante ingreso neto de capitales al sector privado de la economía. Cuando este escenario comenzó a revertirse el sostenimiento de la paridad cambiaria se convirtió en una ilusión económica.

Paralelamente, por el lado fiscal se observó un deterioro importante en las cuentas del Sector Público Nacional y de las provincias, debido, básicamente, a la reducción de la recaudación impositiva y al peso creciente de la cuenta de intereses de la deuda. Era la génesis de un círculo vicioso complejo que se iría agravando con el tiempo: recesión, caída en la recaudación, mayor déficit, endeudamiento público, aumento en las tasas de interés, reducción del crédito, todo en el marco de una relación cambiaria fija. Mientras tanto el PIB caía en el año 1999 más del 3% a valores constantes y más del 5% a valores corrientes.

En el año 2000 la economía argentina no consiguió recuperarse, el PIB volvió a caer casi un 1%, la productividad no se recuperó y siguieron sin ingresar capitales netos al sector privado. A pesar de los aumentos en las alícuotas impositivas desde principios de año y de los ajustes en el gasto primario a mediados de año, la situación fiscal no mejoró de acuerdo a lo esperado por las autoridades del momento. Estas políticas fiscales provocaron un deterioro aún mayor en la productividad de la economía, a lo cual también contribuyó de manera más determinante el incesante aumento de los costos financieros de la mano de la prima de riesgo país.

Las turbulencias económicas y financieras arreciaron con mayor fuerza a medida que transcurrían los primeros días del año 2001. A pesar de la notable mejora del contexto internacional, dadas las consecutivas reducciones en las tasas de interés de corto plazo impulsadas por la Reserva Federal de Estados Unidos, la economía argentina entraba ya en un sendero sin retorno. Los cambios de equipo económico no lograron efectos positivos duraderos. Por el contrario, parecía suceder que cada una de las medidas adoptadas era inocua y varias de ellas terminaban produciendo el efecto contrario al buscado. Así, fracasaron una diversidad de medidas, pasando por la ley de déficit cero y todos los intentos realizados para reactivar la economía ya sea por el lado de la oferta (planes de competitividad, factor de convergencia, reducciones arancelarias a las importaciones de bienes de capital y reintegros equivalentes a los productores locales) como por el lado de la demanda (reducciones en algunos impuestos).

Todos los intentos fueron vanos, los agentes económicos ya habían comenzado a descontar el abandono de la convertibilidad. Los analistas económicos comenzaron a plantear distintos modelos cambiarios y monetarios alternativos pero, en prácticamente todos los casos, se anticipaba la imposibilidad de mantener el uno a uno. En síntesis, los agentes económicos comenzaron a descontar una devaluación por lo menos a partir del tercer trimestre de 2001, y la abrupta caída del PIB que se registró a partir de mediados del 2001 estuvo ligada a ese fenómeno.

El sistema financiero es la válvula de escape por la cual eclosiona el sistema de convertibilidad. Paradójicamente, el sistema financiero argentino fue considerado uno de los más fuertes a partir de la crisis del "tequila". Desde entonces, se fortaleció la regulación bancaria prudencial a través de elevados requerimientos de liquidez, previsionamientos y relaciones capital/activos, y también se mejoraron las normas de supervisión bancarias. Todas estas medidas efectivamente significaron un fortalecimiento del sistema y determinaron que la caída de la convertibilidad se demorara más de lo previsto por algunos analistas. A medida que la economía se deterioraba se observaba un mayor grado de dolarización del sistema, pero los depósitos privados mantuvieron una tendencia creciente hasta principios de marzo de 2001.

Sin embargo, ni la fortaleza relativa del sistema, ni la altísima dolarización pudieron impedir el violento drenaje de depósitos del sistema y de reservas del Banco Central, a lo cual contribuyeron una serie de medidas que hirieron profundamente la esencia de la convertibilidad. Hacia fines de año ya se había generado una gran corrida bancaria, el público retiraba sus depósitos y los convertía en dólares billetes fuera del sistema bancario. Se recurrió al llamado "corralito" y al control de cambios para evitar los retiros de depósitos y detener la fuga de reservas del Banco Central. No fue suficiente: las medidas adoptadas sólo alcanzaron para reducir la velocidad de la caída pero nunca podían impedir el abandono del régimen.

Las principales medidas adoptadas a partir de la imposición de las restricciones a los retiros de depósitos en el mes de noviembre tienen claramente efectos contractivos: la actividad económica cae por el brusco cambio de precios relativos entre los sectores productores de bienes y servicios transables y los no transables, lo que reduce los ingresos de los trabajadores y los beneficios de las empresas productoras de bienes no comerciables, y aunque en el mediano plazo la devaluación mejora la situación de los productores de bienes comerciables, este efecto positivo sólo se dejaría ver luego de unos meses; a esto se suman los efectos de la contracción del crédito, reforzados por el lanzamiento de las mencionadas restricciones a los retiros y los controles cambiarios. Sin embargo, lo difícil de la situación que enfrentaba la economía no dejaba alternativas: se hacía indispensable evitar que una masiva fuga de capitales terminara por vaciar de recursos al sistema financiero, dejando entonces a los ahorristas en una situación aún más penosa que la actual.

El Gobierno reconoce que una parte importante de las medidas adoptadas hasta el momento han generado malestar en muchos sectores de la población, y se ha fijado como objetivo la eliminación de las restricciones que han generado este malestar. Sin embargo, es imprescindible para reducir el daño producido por la crisis actual, recuperar la credibilidad, para lo que será necesario contar con un conjunto de políticas que cuenten con apoyo tanto interno como internacional, ya que hoy en día un país no puede crecer si se cierra al comercio internacional y le da la espalda a la inversión extranjera.

Estas medidas apuntan por un lado a una nueva definición del rol del sistema financiero, con el objetivo de lograr la recuperación de la confianza de los depositantes, y a la definición de una política monetaria que permita la reconstrucción de la cadena de pagos, manteniendo un sendero de inflación moderada que permita el correcto ajuste de los precios relativos. Todo esto requiere la implementación de una política de gasto acorde con la evolución de la recaudación, y la negociación de una pauta de pagos de intereses de la deuda pública sostenible a lo largo del tiempo.

1.2.      LAS PROYECCIONES MACROECONÓMICAS

En el Cuadro se presentan las proyecciones para el período 2001-2002 correspondientes al Producto Interno Bruto y a los principales componentes de la oferta y la demanda agregada final a precios corrientes. También se presentan las tasas de variación nominales y reales (a precios constantes de 1993) correspondientes al mismo período, así como las tasas de variación de los índices de precios implícitos de cada uno de los componentes. Cabe destacar que se trata de proyecciones de grandes agregados macroeconómicos, cuya evolución promedia los comportamientos de precios y cantidades de distintos sectores.

Las proyecciones macroeconómicas de mediano plazo suponen que las perspectivas de la economía mundial, de acuerdo con las proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), muestran un panorama favorable con crecimiento económico de las economías más avanzadas, bajas tasas de interés y recuperación paulatina de las monedas respecto del dólar. Los precios de nuestras exportaciones mostrarán una ligera caída, fruto de la reducción de los precios del petróleo y de las manufacturas industriales, que no llega a ser compensada por los incrementos de precios de los productos primarios y sus manufacturas, mientras que los precios de las importaciones mostrarían una muy ligera tendencia creciente, lo que llevaría a una reducción de los términos del intercambio, aunque sin llegar a los niveles de los años 1998 y 1999.

PROYECCIONES MACROECONÓMICAS

El Producto Interno Bruto.

De acuerdo con las perspectivas del contexto internacional delineado, se proyecta una caída del Producto Interno Bruto de 3,7% para el año 2001 y una caída de 4,9% para el año 2002, con deflactores del índice de precios del producto de –1,3% y 14,1%, respectivamente, dado que las restricciones financieras y la contracción de la demanda impedirían un pleno reflejo en los precios de la devaluación. Se espera que los efectos de la crisis se vayan atenuando a partir del tercer trimestre de 2002.

El consumo y la inversión interna bruta.

La incertidumbre respecto de los ingresos futuros, o simplemente la desaparición de la fuente de ingreso familiar en un contexto donde la reinserción en el mercado laboral resultaba extremadamente compleja, ha dado lugar a una muy fuerte contracción del gasto. Si bien los efectos negativos de la menor actividad económica registrada a lo largo de los últimos años afectaron tanto el consumo de bienes no durables como el de bienes durables, la caída ha sido mucho mayor en el caso de éstos últimos, tanto por la conducta preventiva ya mencionada, como por las restricciones financieras impuestas a partir de la crisis financiera del mes de noviembre.

La recuperación de la inversión es un factor fundamental para el mantenimiento del crecimiento sostenido del PIB. La inversión ha caído junto con el PIB desde el año 1998, estimándose que para los años 2001 y 2002 se mantiene la tendencia decreciente: -16,1% y –18,5% respectivamente, aunque se espera una mejora en términos desestacionalizados, a partir del segundo trimestre del año 2002.

La recuperación de la confianza de familias y empresas a medida que se demuestre que la eliminación de las restricciones impuestas por la convertibilidad a la política monetaria no resultan en una espiral inflacionaria similar a las vividas en décadas anteriores, permitirá la expansión de consumo e inversión hasta niveles consistentes con la tendencia de crecimiento de largo plazo de la economía.

Los precios.

Argentina se ha caracterizado a lo largo de la última década por ser una de las economías con menor inflación del mundo. Esto refleja la aversión de la sociedad al aumento sostenido de los precios, luego de haber vivido los efectos de los episodios hiperinflacionarios a finales de la década de los ochenta. El abandono de la convertibilidad ha significado un cambio brusco en el sendero de crecimiento de los precios: la devaluación del peso tiende a incrementar los precios domésticos de los bienes comerciables en una proporción similar a la variación del tipo de cambio, y en la medida en que los precios de los bienes no comerciables intenten mantener su posición relativa con respecto de los comerciables, esto tenderá a difundir los efectos de la variación del tipo de cambio a lo largo de toda la economía.

Sin embargo, el entorno recesivo en que se encuentra la economía al momento de modificar la paridad cambiaria, y la convivencia de la sociedad con la estabilidad de precios a lo largo de todos estos años, llevan a esperar que este proceso de ajuste no sea similar al de los episodios de alta inflación de los ochenta, sino que el traslado sea algo más lento: tras una caída del 1,4% para el año 2001 se proyecta un incremento de precios del 14,0% para el año 2002, lo que resultaría en una significativa mejora del tipo de cambio real.

El sector externo.

Uno de los rasgos más destacables de la evolución de la economía de los últimos años, ha sido el importante crecimiento de las exportaciones. En 2001 el aumento de las exportaciones de bienes y servicios sería de un 4,2%, mientras que para 2002 se espera un 5,3%. Las exportaciones vienen creciendo de manera sostenida gracias, principalmente, a los importantes incrementos registrados en la productividad de sectores productores de bienes y servicios transables internacionalmente y en la productividad de los sectores productores de servicios no transables que son complementarios de los primeros.

El comportamiento de las importaciones de bienes y servicios, por su parte, ha seguido al del PIB: aunque la reducción del 13,7% a precios constantes proyectada para el año 2001 resulta más fuerte que la registrada por el Producto. Para 2002 se espera que se mantenga esta caída, en consonancia con la caída del Producto, aunque con alguna señal de recuperación hacia finales del año.

2.         LAS ESTIMACIONES DE RECURSOS TRIBUTARIOS

La recaudación de impuestos nacionales y de contribuciones de la seguridad social alcanzará en 2002 los $47.882,2 millones. Este monto es 0,1% superior al que se recaudó en el año 2001, aunque en términos del PIB se reducirá de 17,7% a 16,4%, debido al incremento nominal que se prevé en esa variable.

Del total de recursos, $36.476,7 millones corresponderán a la Administración Nacional. El monto que financiará a la Nación será 1,4% superior al que ingresó en el año 2001.

El cálculo de recursos incorpora las siguientes modificaciones introducidas por el Decreto N° 1.676/01, del 20 de diciembre de 2001:

·         En los Convenios de Competitividad se suspende el beneficio de cómputo como crédito fiscal en el IVA de los pagos efectuados por Contribuciones Patronales sobre la nómina salarial en el monto que exceda del que corresponda computar de acuerdo al Decreto n° 814/01, art. 4°. No se encuentran alcanzados por la medida las empresas editoras de diarios y revistas y de distribuidores representantes de editoriales de dichos bienes, ni las empresas de transporte de pasajeros y/o carga.

·         Impuesto sobre los Combustibles: se incrementa de $ 0,38 a $ 0,43 por litro el monto del impuesto para las naftas, gasolina natural, solvente y aguarrás, para los hechos imponibles que se perfeccionen a partir de 1° de enero de 2002.

·         Impuesto a las Ganancias de las personas físicas: se posterga para el ejercicio fiscal 2003 el incremento en los montos de las deducciones por cargas de familia y deducción especial.

·         Aportes Personales: se dispone a partir de las remuneraciones devengadas desde el 1° de enero de 2002 que la alícuota del aporte previsional se incremente del 5% al 11% para los empleados en relación de dependencia comprendidos en el régimen de reparto.

·         Impuesto sobre los Bienes Personales: se dispone la exención sobre los depósitos en moneda argentina y extranjera a plazo fijo, en cajas de ahorro y en cuentas especiales de ahorro, efectuadas en entidades financieras comprendidas en el régimen de la Ley 21.526.

Adicionalmente a las medidas incorporadas por el mencionado Decreto se consideraron:

·         Impuesto sobre Créditos y Débitos: se elimina la posibilidad de computar un porcentaje de lo abonado por este impuesto como pago a cuenta en los impuestos a las Ganancias, Valor Agregado, a la Ganancia Mínima Presunta, en la Contribución Especial sobre el Capital de las Cooperativas y en las Contribuciones Patronales.

·         Reintegros a las exportaciones: se eliminan para las destinadas al Mercosur.

·         Impuesto al Valor Agregado: se reduce al 10,5% la tasa para la venta de granos – cereales y oleaginosas -.

·         Derechos de Exportación: se gravan las exportaciones de petróleo y sus derivados.

Los ingresos por el impuesto a las Ganancias llegarán a $8.950,0 millones, lo que implicará una disminución de 13,0% con respecto a la del año anterior. Esta variación se deberá, principalmente, al menor impuesto determinado por las sociedades y las personas físicas como consecuencia de la disminución de la actividad económica en los años 2001 y 2002. También incidirán negativamente en la comparación los elevados pagos efectuados en el año 2001 por las empresas petroleras, debidos al incremento del precio del crudo en el año 2000.

La recaudación del impuesto al Valor Agregado, neta de reintegros a la exportación, alcanzará a $15.044,1 millones, por lo que será 0,5% inferior a la del año 2001. Esta ligera disminución se explica por la menor actividad económica y los diversos pagos a cuenta contra este impuesto, que no alcanzan a neutralizar el efecto del incremento esperado en los precios y de una mayor eficiencia en la fiscalización de este impuesto.

Los impuestos internos coparticipados aportarán recursos por $ 1.627,9 millones, un 0,4% más que en el año 2001.

Los impuestos a la Ganancia Mínima Presunta y sobre los Intereses Pagados presentarán marcadas disminuciones en sus recaudaciones producto de las exenciones que otorgan los Planes de Competitividad y de la derogación del segundo durante el año 2002.

La recaudación del impuesto sobre los Bienes Personales se estima en $623,5 millones, por lo que disminuirá 19,0%. Esta menor recaudación se debe, fundamentalmente, a la exención establecida para los depósitos en entidades financieras.

La recaudación del impuesto sobre el gasoil y otros combustibles presentará un incremento de 30,3%, producto de la elevación del impuesto por litro de $ 0,12 a $ 0,15 vigente desde junio pasado y de la creación de la tasa sobre el Gasoil.

La recaudación de los impuestos que gravan el comercio exterior – derechos de importación y exportación y tasa de estadística – será de $ 2.139,3 millones, monto que será 29,6% superior al registrado en el año 2001. El gravamen sobre las exportaciones de petróleo y sus derivados es la principal causa de este incremento. Por otro lado, el pago de los derechos de importación al nuevo tipo de cambio oficial compensará la caída esperada en las importaciones.

La recaudación del impuesto sobre los Créditos y Débitos llegará a $4.672,9 millones, elevándose 59,3% en relación a la del año 2001. Ello es consecuencia de la vigencia plena del tributo a la tasa de 6 por mil en el presente año.

Las Contribuciones de la Seguridad Social se incrementarán 6,0% como producto de la eliminación de las rebajas zonales y de la fijación de la alícuota a 20% para las actividades de servicios y comercio no PyME y en 16 % para el resto del sector privado. El crecimiento también estará influido por la eliminación de la posibilidad de computar un porcentaje de lo abonado por el impuesto sobre los Créditos y Débitos como pago a cuenta contra estas contribuciones.

3.       EL FINANCIAMIENTO Y EL SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA

Para el año 2002 el objetivo central de la política financiera del ESTADO NACIONAL consiste en restablecer el crédito público afectado por el continuo y profundo deterioro de las variables económico–financieras y sociales que llevó a disponer, a fines del año pasado, un diferimiento de los pagos de la deuda pública que estará determinado por la posibilidad de acceso a distintas fuentes de financiamiento como ser la provista por organismos multilaterales de crédito dentro del marco de nuevos programas, el financiamiento proveniente de fondos de pensión de acuerdo a lo normado por el artículo 4to del Decreto 1572/2001 y la renovación de Letras del Tesoro.

En este contexto, el Gobierno Nacional se encuentra abocado a la confección de una propuesta para reestructurar la deuda pública, de modo tal de regularizar su situación financiera. De hecho, en diciembre de 2001 se finalizó con un canje de títulos públicos por préstamos garantizados mediante el cual se logró extender plazos y reducir la tasa de interés implícita en los instrumentos de deuda. Se estima que en los próximos meses se propondrá a los acreedores un canje, en este caso ofreciendo instrumentos con legislación internacional, de títulos públicos, operación a la que los tenedores que concurrieron a la primera fase tienen pleno derecho de concurrir. El objetivo de estas operaciones es el de hacer sostenible el cumplimiento de los servicios de la deuda pública, elemento indispensable en un programa económico sustentable.

4.   EL GASTO PUBLICO NACIONAL

Las previsiones de gastos han tomado en cuenta el ordenamiento jurisdiccional-funcional previsto en la proyectada organización de Ministerios y Secretarías del Poder Ejecutivo Nacional. En oportunidad de la Decisión Administrativa de Distribución del Presupuesto de la Administración Nacional se efectuarán las adecuaciones remanentes.

Los programas prioritarios, que han sido los definidos como fundamentales en la actual emergencia, son el programa alimentario para el cual se destinan $ 350,0 millones, el que ya ha tenido principio de ejecución, el programa sanitario por $ 50,0 millones destinado a resolver el acceso a medicamentos e insumos esenciales y el programa de empleo que junto al seguro de desempleo totalizan $ 1.200,0 millones.

El gasto en personal se presupuesta sobre la base de la planta ocupada y los salarios vigentes. La reducción del 13% de los salarios superiores a $ 500 mensuales que se viene aplicando desde mediados de 2001 se mantendrá a efectos de lograr la economía prevista en los gastos. Las autorizaciones a gastar incluyen el monto necesario para atender el aguinaldo.

Un tratamiento similar se prevé para las pasividades, ajustados por la cantidad de jubilados y pensionados, y otras transferencias cuyo comportamiento sigue a los gastos en personal. En otras transferencias y otros gastos corrientes y capital será necesario continuar con las medidas de reducción aplicadas en 2001 para concretar la economía que contribuya a la disminución de los gastos primarios.

Los gastos en bienes y servicios han sido ajustados a las necesidades mínimas de funcionamiento de la Administración Nacional y el gasto en inversión real busca garantizar la continuación de obras en ejecución.

Las transferencias a provincias han sido ajustadas en función de los acuerdos generales y particulares efectuados con las mismas y, a su vez, contribuirán con la reducción del 13 % a la constitución de la economía, siempre según lo convenido oportunamente. Es importante integrar estas previsiones con las efectuadas por el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial el que tiene un rol importante en la relación financiera Nación-Provincias y el comportamiento previsto en los recursos de coparticipación federal. Estos comentarios se complementan en el punto 5. "Las relaciones financieras con las provincias".

Las previsiones para el servicio de la deuda surgen de los criterios expuestos en el punto 3. "El financiamiento y el servicio de la deuda", siendo el tipo de cambio de $ 1,40 por dólar estadounidense para la deuda externa.

5.         LAS RELACIONES FINANCIERAS CON LAS PROVINCIAS

Durante el ejercicio fiscal 2002 las relaciones fiscales entre la Nación y las Provincias se desenvolverán en un contexto condicionado por una fuerte crisis institucional, económica y social que obligará a ambos niveles de gobierno a encarar acciones conjuntas.

El marco legal de dichas relaciones lo constituyen los compromisos previos suscriptos: Compromiso por la Independencia, Apoyo Institucional para la Gobernabilidad de la República Argentina, Segunda Addenda al Compromiso Federal por el Crecimiento y la Disciplina Fiscal que compatibiliza y complementa las normas anteriores y los diferentes acuerdos firmados con organismos multilaterales de crédito.

La fuerte caída de la recaudación tributaria durante el ejercicio 2001 y la desaparición del financiamiento voluntario como consecuencia del agravamiento de la crisis económica determinaron un desequilibrio en las finanzas públicas provinciales del orden de los $ 5.000 millones, en ese año.

Dado este marco de restricciones y con el objeto de frenar un mayor deterioro de la situación, ambos niveles de gobierno se comprometieron a una serie de medidas firmadas en el mes de Noviembre de 2001, contenidas en la Segunda Addenda al Compromiso Federal por el Crecimiento y la Disciplina Fiscal.

Dada la imposibilidad de acceso de los gobiernos provinciales y nacional a los mercados financieros por la crítica situación emergente, el Gobierno Nacional, a través del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial, determinó por medio del Decreto 1.004/01 la creación de las Letras de Cancelación de Obligaciones Provinciales (LECOP).

Las Letras de Cancelación de Obligaciones Provinciales (LECOP) tienen por objetivo dotar a las jurisdicciones de un instrumento financiero de amplio poder cancelatorio para sus compromisos corrientes incluyendo, entre otros, el pago de impuestos locales y el de obligaciones tributarias nacionales.

Las provincias suscribieron LECOP por un monto equivalente a una nómina salarial mensual o a los saldos impagos resultantes a favor de las jurisdicciones por la garantía establecida en el Artículo 6° del Compromiso Federal por el Crecimiento y la Disciplina Fiscal.

Por su parte, los gobiernos provinciales a través del Artículo 3° de la Segunda Addenda al Compromiso Federal respaldaron el ajuste emprendido por el Gobierno Nacional aceptando una reducción de las transferencias de recursos coparticipados de un 13%, respecto de la suma fija a que se refiere el Compromiso Federal. Esta reducción en las transferencias es compensada por otras obligaciones provinciales que asume el Gobierno Nacional y el pago en títulos de los saldos acreedores.

Con la finalidad de reducir la pesada carga de los intereses sobre las finanzas públicas provinciales y de esta forma generar condiciones propicias para la reactivación económica, el Gobierno Nacional a través del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial se hace cargo de la negociación de las deudas bancarias y en títulos emitidos por las jurisdicciones que acepten su canje.

En este sentido, el Gobierno Nacional transforma los préstamos y títulos de deudas de las provincias en Préstamos Garantizados con recursos nacionales, los cuales devengarán una tasa de interés que sea compatible con el objetivo de lograr un importante ahorro para los fiscos provinciales.

Pese a las fuertes restricciones financieras existentes antes señaladas, el Gobierno Nacional se compromete a cancelar durante el ejercicio en curso deudas contraidas con las Provincias en años anteriores por un monto aproximado a $ 630 millones.

Cabe asimismo recordar que a través de diversos acuerdos las provincias se comprometieron con una serie de medidas destinadas a reducir el déficit fiscal, tales como la eliminación de algunas exenciones de impuestos provinciales, recortes de erogaciones, incentivos para la jubilación anticipada y reformas administrativas y en el ámbito político que se traducirán en ahorros de los gastos operativos.

Este conjunto de medidas, que implican una contención del Gasto Primario y un cambio en su composición a partir de la reducción de los gastos políticos y de dar mayor prioridad a los programas sociales y su eficiencia, permiten proyectar una significativa disminución del déficit agregado de provincias para el ejercicio fiscal 2002.

Cabe destacar además que el Gobierno avanzará en la elaboración de un proyecto de Ley de Coparticipación sobre la base de acuerdos con todas las Provincias. Se procurará así un nuevo sistema de coparticipación de ingresos con las provincias a fin de: a) simplificarlo, b) hacerlo más transparente; c) lograr que las transferencias sean menos cíclicas y más coherentes con las limitaciones macroeconómicas, y d) establecer una mayor correspondencia entre los ingresos coparticipados que reciba cada provincia y los esfuerzos de recaudación que realice cada una de ellas.

En materia tributaria, se enfatizará el objetivo de armonización tributaria entre los distintos niveles de gobierno, tendiente a reducir las distorsiones que los tributos ocasionan en las actividades productivas. En este sentido, se realizará el seguimiento y evaluación de las políticas impositivas y se avanzará en el armado de la base de datos pertinente.

En materia de gestión de la Administración Financiera, se continuará otorgando prioridad a la necesidad de modernizar y armonizar los sistemas existentes en el ámbito provincial con el Nacional. Por tal razón, se considera fundamental contar con la sanción de leyes de Administración Financiera y Solvencia Fiscal y avanzar en la elaboración de presupuestos plurianuales que incluyan la programación fiscal, por lo menos para los dos ejercicios siguientes.

Finalmente, se continuará efectuando el seguimiento y evaluación del cumplimiento de los diversos convenios y compromisos en materia de transparencia fiscal, información del Sector Público, coordinación intergubernamental, modernización del Estado y equidad y austeridad de la Administración Pública.

6.         EL PRESUPUESTO DE LA ADMINISTRACION NACIONAL 2002

6.1.      ANALISIS ECONOMICO

6.1.1. Recursos

Los recursos totales están compuestos en un 99,5% por ingresos corrientes, los que aumentan ligeramente (0,1%) respecto del año 2001. El resto de los recursos (0,5%) corresponde a los de capital.

RECURSOS TOTALES

En millones de pesos

Los ingresos tributarios y las contribuciones a la seguridad social constituyen la mayor parte de los recursos corrientes; ambos representan el 92,3% del total. Le siguen en orden de importancia los recursos no tributarios y las rentas de la propiedad, que significan, respectivamente, un 3,6% y un 2,1% del total. El resto de los recursos corrientes (2,0%) corresponde a las ventas de bienes y servicios y transferencias corrientes.

RECURSOS CORRIENTES

En millones de pesos

En los recursos de capital el concepto recursos propios de capital comprende la venta de maquinarias, edificios e instalaciones, y la estimación para el año 2002 se integra, casi exclusivamente, por las ventas que se llevarán a cabo en el ámbito del Organismo Nacional de Administración de Bienes.

La variación en las transferencias de capital se explican por la transferencia de $ 83,5 millones del Fondo Fiduciario Vial a la Dirección Nacional de Vialidad para financiar deudas y obras viales.

La recuperación de préstamos de corto y largo plazo que concede la Administración Nacional ($115,1 millones) se incluye en el rubro disminución de la inversión financiera.

Del mismo modo, el renglón "Disminución de la Inversión Financiera" contiene las previsiones en materia de venta de acciones y participación de capital, que representan los importes a percibir por la venta de acciones y cuotas partes en poder del Estado Nacional, correspondientes a los sectores de bancos y seguros, transporte y energía, entre otros.

RECURSOS DE CAPITAL

En millones de pesos

6.1.2 Gastos

Los gastos totales previstos en el Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio 2002 ascienden a $ 42.844,5 millones, registrándose una disminución del 14,7% respecto del año anterior. La composición de los gastos en ambos períodos es la siguiente:

Las erogaciones totales comprenden las correspondientes a la Administración Central, las de las Instituciones de Seguridad Social y el gasto proyectado de los Organismos Descentralizados.

Los gastos corrientes se desagregan de la siguiente manera:

La distribución de los gastos de consumo de la Administración Nacional, resulta:

Dentro de los gastos de consumo de la Administración Nacional, las remuneraciones explican el 14,0 % del gasto total. Asimismo, el gasto en bienes y servicios no personales representa el 4,4 % del gasto total.

El total de gastos por rentas de la propiedad alcanza a $ 5.884,4 millones de los cuales el 99,9% corresponde a intereses de la deuda pública, los que para el ejercicio 2002 presentan una disminución respecto de 2001 del 46,0%. En el siguiente cuadro, se desagrega este concepto.

Los intereses en moneda extranjera que están proyectados pagar en el 2002 se elevan a $5.674,5 millones, cifra que implica una disminución en $ 5.050,7 millones respecto a la de 2001, lo que significa un 47,1% de caída.

Las prestaciones de la Seguridad Social abarcan el universo del gasto previsional, en jubilaciones, pensiones y retiros, para el cual se prevé $17.243,6 millones en el ejercicio 2002. Las prestaciones previsionales comprenden el pago de las jubilaciones y pensiones correspondientes a la Administración Nacional de la Seguridad Social, contempladas en la Ley Nº 24.241 y anteriores; las pasividades de las ex - cajas provinciales de previsión social transferidas a la Administración Nacional; el pago de los retiros y pensiones de las Fuerzas Armadas, administrados por el Instituto de Ayuda Financiera para Pagos de Retiros y Pensiones Militares; los beneficios jubilatorios correspondientes a la Caja de Retiros, Pensiones y Jubilaciones de la Policía Federal; los retiros de la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval Argentina y de la Policía de ex - Territorios Nacionales cuya administración se integró a la Caja de Policía; las pasividades del Servicio Penitenciario Federal; así como las pensiones no contributivas administradas por la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales; y el pago de las pasividades del Poder Judicial de la Nación, incluido en el presupuesto de la Administración Nacional de la Seguridad Social.

El monto previsto para el total de las transferencias que financian gastos corrientes de los sectores privado, público y externo, asciende a $ 12.068,4 millones, es decir, el 28,2 % del total de gastos.

De las transferencias al Sector Privado con destino a las unidades familiares, cabe destacar las que corresponden al gasto de la Administración Nacional de la Seguridad Social en concepto de subsidios al desempleo, asignaciones familiares, las transferencias de los recursos con destino al INSSJyP y los subsidios para jubilados en condiciones de pobreza. También forman parte de las transferencias de la seguridad social, las erogaciones por subsidios a jubilados y pensionados, que perciben la prestación mínima, para el pago de las tarifas de los servicios públicos de luz, gas y agua.

Asimismo, debe destacarse que dentro de las transferencias al sector privado se incluyen las prestaciones médico-asistenciales a los beneficiarios de las pensiones no contributivas a cargo del Ministerio de Desarrollo Social.

Por último, cabe señalar que dentro de este concepto se encuentran incluidas las transferencias destinadas al financiamiento del déficit operacional de los concesionarios ferroviarios del servicio metropolitano de pasajeros (Ex - FEMESA); como así también las correspondientes a la empresa Yacimientos Carboníferos de Río Turbio S.A.

Las transferencias para financiar gastos corrientes del Sector Público, básicamente, se concentran en el apoyo financiero a las Universidades Nacionales y a los Gobiernos Provinciales. Las transferencias al Sector Externo corresponden a los gastos que el país debe realizar en favor de las organizaciones internacionales en concepto de cuotas regulares y extraordinarias en calidad de miembro integrante de las mismas.

La estructura de los gastos de capital es la que se expone en el siguiente cuadro: